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Revolución Española
¿Qué fue?
La revolución social española de 1936, comúnmente conocida
como revolución española fue un proceso revolucionario que se dio tras el
intento de golpe de Estado del 17 de julio de 1936 que desembocó en la Guerra
Civil Española. Su principal base ideológica fue el anarcosindicalismo y el
comunismo libertario de la CNT-FAI, con un componente marxista revolucionario,
caracterizado por el POUM y el ala caballerista del PSOE y UGT. Se caracterizó,
entre otras cosas: por su anticlericalismo en lo religioso, su cantonalismo y
horinzontalismo en lo administrativo, su racionalismo en la educación y el
colectivismo autogestionario en lo económico.
Fases de la revolución
El 17 de julio de 1936, se inició el golpe de Estado
militar. El 18 de julio, mientras los militares golpistas prosiguen su
sublevación, se produce el vacío de poder por parte del colapsado Estado
republicano (se suceden cuatro gobiernos en un solo día) que da lugar a que las
estructuras coercitivas del Estado se disuelvan o paralicen allí donde los
golpistas no se hacen con el poder. Para entonces, la CNT cuenta con
aproximadamente 1.577.000 militantes y la UGT con 1.447.000 militantes. El 19
de julio la sublevación llega a Cataluña, donde los obreros tomando las armas
asaltan los cuarteles, levantando barricadas y frenando a los insurrectos.
Primera fase de la revolución (julio-septiembre de 1936): El
verano de la anarquía
Los sindicatos CNT y UGT convocan una huelga general del 19
al 23 de julio como respuesta tanto a la sublevación militar como a la aparente
apatía del Estado frente al mismo. Pese a que ya existían antecedentes
puntuales en días anteriores de distribución de armas entre sectores civiles,
es durante la Huelga General cuando grupos de sindicalistas vinculados a los
sindicatos convocantes y a grupos menores, asaltan muchos de los depósitos de
armas de las fuerzas del orden, independientemente de que estén sublevados
contra el Gobierno o no.
Ya en estas primeras semanas, se establecen dos matices
entre los sectores revolucionarios anarcosindicalistas: el grupo radical,
vinculado fundamentalmente a la FAI y a través de ella a la CNT, aunque también
participen otras organizaciones menores, que entiende el fenómeno del que
participa como una revolución a la usanza tradicional; y el grupo posibilista,
formado también por miembros de otro sector de la CNT (y otros grupos
revolucionarios más moderados), que expresa la conveniencia de participar en un
frente más amplio, el posteriormente llamado Frente Popular Antifascista (FPA),
resultado de sumar los sindicatos a la coalición electoral Frente Popular.
En todas estas estructuras queda reflejada la distinción
anteriormente citada entre las dos sensibilidades revolucionarias. En manos de
los revolucionarios quedarán los Comités de Guerra y de Defensa, de
progresivamente menor importancia, en manos de los posibilistas, el resto.
En pocos días se articulan los frentes de la Guerra Civil,
de los cuales uno de los principales en el contexto de la revolución es el de
Aragón. El 24 de julio de 1936 parte la primera milicia voluntaria de Barcelona
en dirección a Aragón. Es la Columna Durruti, de alrededor de 3.000 personas,
en su mayoría trabajadores coordinados por Buenaventura Durruti, que van
implantando el comunismo libertario por los municipios por los que van pasando.
Además, se formarán otras de estas estructuras militares de carácter popular
como la Columna de Hierro o la Columna Rojo y Negro que parten también hacia
Aragón. Todo este movimiento dará lugar a una extraordinaria concentración de
anarquistas en la parte no tomada por los militares alzados. La llegada, por
una parte, de los millares de milicianos anarquistas de Cataluña y Valencia y
la existencia, por otra, de una gran base popular rural aragonesa de filiación
anarcosindicalista permitirán el desarrollo progresivo de la mayor experiencia
colectivista de la revolución.
Durante esta primera fase la mayor parte de la economía
española fue puesta bajo el control de los trabajadores organizados por los
sindicatos; principalmente en áreas anarquistas como Cataluña, este fenómeno
llegó al 75% del total de la industria, pero en las áreas de influencia
socialista la tasa fue bastante menor. Las fábricas fueron organizadas por
comités de trabajadores, las áreas agrícolas llegaron a colectivizarse y
funcionar como comunas libertarias. Incluso lugares como hoteles, peluquerías,
medios de transporte y restaurantes fueron colectivizados y manejados por sus
propios trabajadores.
Las comunas fueron usadas de acuerdo al principio básico de
«De cada uno de acuerdo a su habilidad, a cada uno de acuerdo a su necesidad».
En algunos lugares, el dinero fue totalmente eliminado, para ser reemplazado
por vales. Bajo este sistema, el costo de los bienes era con frecuencia un poco
más de un cuarto del costo anterior. Las áreas rurales expropiadas durante la
revolución son del 70% en Cataluña, cerca del 70% en el Aragón reconquistado,4
el 91% de la Extremadura que quedaba en la República, el 58% en Castilla-La
Mancha, el 53% en la Andalucía no sometida a los militares insurrectos, el 25%
para Madrid, el 24% para Murcia y el 13% en la actual Comunidad Valenciana.
En tanto a la colectivización de estas tierras expropiadas, el total supone un
54% de la superficie expropiada de la España republicana, según datos del IRA. Sin embargo, dado que el Ministerio de Agricultura, y por extensión el IRA,
estaban bajo control del Partido Comunista, hostil a la colectivización, los
datos podrían ser mayores. Las provincias donde adquirieron mayor importancia
las colectividades rurales, fueron las de Ciudad Real -donde estaban
colectivizadas en 1938, 1.002.615 has, el 98,9% de la superficie cultivada en
1935- y Jaén -con 685.000 has y el 76,3%-, quedando a mucha distancia el resto
de las provincias republicanas. Muchas colectividades aguantarían hasta el
final de la guerra.
En el Aragón en el que se proclama el comunismo libertario
al paso de las columnas de milicias libertarias, se forman aproximadamente 450
colectividades rurales, la práctica totalidad de ellas en manos de la CNT, con
un número que rondará las 20 a cargo de la UGT.
En el área valenciana se constituirán 353 colectividades,
264 dirigidas por la CNT, 69 por la UGT y 20 de manera mixta CNT-UGT. Unos de
sus principales desarrollos serán el Consejo Levantino Unificado de Exportación
de Agrios (conocido por sus iniciales, CLUEA)y la total socialización de las
industrias y servicios de la ciudad de Alcoy.
En la industria catalana los sindicatos obreros de la CNT se
hicieron con numerosas fábricas textiles, organizaron los tranvías y los
autobuses de Barcelona, implantaron empresas colectivas en la pesca, en la
industria del calzado e incluso se extendió a los pequeños comercios al por
menor y a los espectáculos públicos. En pocos días el 70% de las empresas
industriales y comerciales habían pasado a ser propiedad de los trabajadores en
aquella Cataluña que concentraba, por sí sola, dos tercios de la industria de
España.
A pesar de las críticas que clamaban por la máxima
eficiencia, las comunas anarquistas producían más que antes de ser
colectivizadas. Las zonas liberadas recientemente trabajaron sobre los
principios libertarios: las decisiones eran tomadas a través de concilios de
ciudadanos comunes sin ningún tipo de burocracia (cabe mencionar que el
liderazgo de la CNT-FAI en este periodo no fue tan radical como los miembros
responsables de estos drásticos cambios).
Sumado a la revolución económica, existió un espíritu de
revolución cultural y moral: los ateneos libertarios se convirtieron en lugares
de encuentro y auténticos centros culturales de formación ideológica, en los
cuales se organizaban: desde clases de alfabetización, a charlas sobre sanidad,
excursiones al campo, bibliotecas de acceso público, representaciones
teatrales, tertulias políticas o talleres de costura. Se fundaron numerosas
escuelas racionalistas, que ampliaron la oferta ya existente en ateneos y
centros sindicales, en las cuales se llevaban a cabo los postulados educativos
de Ferrer y Guardia, Mella, Tolstoi o Montessori. Igualmente, en el terreno
social algunas tradiciones eran consideradas como tipos de opresión, e
igualmente la moral burguesa era vista como deshumanizante e individualista. Los
principios anarquistas defienden la libertad consciente del individuo y el
deber natural de solidaridad entre los seres humanos como herramienta innata de
progreso de las sociedades. Así durante la revolución por ejemplo, a las
mujeres se les permitió abortar en Cataluña, la idea del amor libre consensuado
se hizo popular y hubo un auge del naturismo. De alguna manera, la liberación
fue similar a la de los movimientos de la «Nueva Izquierda» de la década de
1960 con la diferencia que esta moralidad fue hegemónica, la
siguiente máxima podía indicar lo vivido en este periodo: "La utopía
libertaria se hizo realidad".
El orden público también varía sustancialmente, llegando
prescindir de las fuerzas de orden público clásicas (Policía, Guardia Civil,
Juzgados y ejército) suplantadas por las Patrullas de Control formadas por
voluntarios, las milicias populares y las asambleas de barrio en las cuales se
pretendían resolver los problemas que pudieran surgir. Las puertas de muchas
prisiones fueron abiertas liberando a los presos entre los cuales había muchos
políticos pero también delicuentes comunes, siendo algunas prisiones
derribadas.
Pese a la situación de descomposición de facto del poder
estatal, para el 2 de agosto el gobierno toma una de las primeras medidas al
objeto de recuperar el control frente a la revolución, la creación de los
Batallones de Voluntarios, embrión del Ejército Popular de la República.
También promulgará algunos decretos, más simbólicos que reales, desbordado por
el fenómeno revolucionario.
egunda fase de la Revolución (septiembre-noviembre de 1936):
Primer Gobierno de la Victoria
Tanto en esta etapa como en la anterior, las estructuras del
Estado se limitan a legislar sobre una política de hechos consumados por la
Revolución, aunque debido al crecimiento de la escalada bélica contra los
militares sublevados, los sindicatos empiezan a ceder circunstancialmente el
control de las columnas al Estado para la Defensa de Madrid de
octubre-noviembre, que fue dirigida por un organismo semiindependiente, en el
que estaban representados todos los partidos del Frente Popular además de los
anarquistas, la Junta de Defensa de Madrid, luego llamada Junta Delegada de
Defensa de Madrid. El inicio de todo este progresivamente mayor acuerdo y
acercamiento entre los partidos del Frente Popular y los sindicatos se plasma
en la formación del primer Gobierno de la Victoria (4 de septiembre) de Largo
Caballero.
Entre las medidas destinadas a absorber o intentar legislar
la actividad de los revolucionarios destacan:
-Decreto de incautación de fincas de condenados por los
Tribunales Populares del Gobierno del 17 de septiembre.
-Decreto de creación de los Jurados de Urgencia del Gobierno
del 10 de octubre.
-Decreto de colectivizaciones y control obrero del Gobierno
autonómico catalán del 22 de octubre.
A pesar de este aparente consentimiento a los
revolucionarios, no interviene activamente en el desarrollo de la revolución y
su principal objetivo será potenciar y fortalecer el Ejército como piedra base
del Estado, a través de distintas medidas, entre las que destacan, aparte de
los intentos reiterados de disolución de los Comités de Defensa y Comités de
Guerra.
Cuando la guerra se empieza a prolongar, el espíritu de los
primeros días de revolución afloja y comienza la fricción entre los muy
diversos integrantes del Frente Popular, en parte debida a las políticas del
Partido Comunista de España (PCE), las cuales eran establecidas desde el
ministerio del exterior de la Unión Soviética estalinista, la mayor fuente
de ayuda extranjera a la República.
El PCE defendía la idea de que la Guerra Civil en desarrollo
hacía necesario postponer la revolución social en curso (que se desató tras la
derrota de los militares sublevados en varias ciudades) hasta que no se ganase
la guerra, una vez derrotadas de las fuerzas del General Franco. El PCE abogaba
por no enemistarse con las clases medias, las bases de los partidos
republicanos, que podrían verse afectadas y perjudicadas por la revolución y
volverse hacia el enemigo. En el Frente Popular en el gobierno desde las
elecciones de febrero de 1936, se encontraban partidos como Izquierda
Republicana, Unión Republicana o ERC, sustentados en el voto e intereses de la
clase media (funcionarios, profesionales liberales, pequeños comerciantes y
campesinos con tierra -sin llegar a ser terratenientes-).
Los anarquistas y los poumistas (comunistas de izquierda)
estaban en desacuerdo con esta opinión, al entender que la guerra y la
revolución eran lo mismo en el contexto español, una prolongación la una de la
otra. Creían que la guerra era una prolongación de la lucha de clases, y que el
proletariado había derrotado a los militares precisamente por este impulso
revolucionario que traían desde hacía años y no por defender una república
burguesa. Los sublevados representaban precisamente la clase a la que combatían
estos revolucionarios: los grandes capitalistas, los terratenientes, la
Iglesia, la Guardia Civil y el ejército colonial.
A las milicias de los partidos y grupos que se situaron en
contra de la posición del gobierno del Frente Popular pronto se les obstaculizó
la ayuda y recursos, viendo así éstos reducida su capacidad de actuación, a
causa de lo cual en la mayoría de las áreas republicanas comenzaron lentamente
a revertirse los recientes cambios realizados. Durante este período algunas
estructuras revolucionarias aprueban nuevos programas de acción que los
subordinan al Gobierno, lo que da lugar a la disolución o inicio de absorción,
apropiación e intervención de las estructuras revolucionarias por parte del
gobierno estatal republicano.
Una excepción la constituirá la consolidación del proceso
colectivista en Aragón, a donde llegarán miles de milicianos libertarios de
Valencia y Cataluña, y en donde ya antes del inicio de la Guerra Civil existía
la más importante base obrera anarcosindicalista afiliada a la CNT de toda
España. La asamblea convocada en Bujaraloz en las semanas finales de septiembre
de 1936 por el Comité Regional de la CNT de Aragón, con delegaciones de los
pueblos y las columnas confederales, siguiendo las directivas propuestas del 15
de septiembre de 1936 en Madrid por el Pleno Nacional de Regionales de la CNT,
de proponer a todos los sectores políticos y sindicales la formación de
Consejos Regionales de Defensa vinculados federativamente a un Consejo Nacional
de Defensa que haría las funciones del gobierno central, acuerda la creación
del Consejo Regional de Defensa de Aragón, que celebra su primera asamblea el
15 de octubre del mismo año.
A pesar de ello, el 26 de septiembre los sectores más
radicales y anarquistas (CNT-FAI) de Cataluña, finalmente dominados por los
posibilistas, inician una política de colaboración con el Estado, integrándose
en el gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña, que renace frente al
Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, autodisuelto el 1 de
octubre. Por otra parte el Consejo Regional de Defensa de Aragón es legalizado
y regulado el 6 de octubre por decreto (aunque puede decirse que este se
mantuvo siempre "al margen de la legalidad republicana", siendo ésta
quien lo aceptará). También se regulará el propuesto Consejo Nacional de
Defensa, abortando su desarrollo. Frente a esta aparente tolerancia, un decreto
de la Generalidad ilegaliza el 9 de octubre todos los Comités locales en
Cataluña, sustituyéndolos formalmente por Consejos Municipales del FPA. Todas
estas concesiones a las instituciones fueron considerados por algunos como una
traición a los principios clásicos del anarquismo, y coartada para recibir
duras críticas por parte de compañeros, debates y reflexiones que marcarían el
devenir de la Revolución.
Tercera fase de la Revolución (noviembre de 1936-enero de
1937): Segundo Gobierno de la Victoria
El 2 de noviembre el Comité Ejecutivo Popular de Valencia
aprueba un nuevo programa de acción que le subordina a la política del Gobierno
de la República (segundo gabinete de Largo Caballero el 4 de noviembre), en el
que se integran como ministros Juan García Oliver, Juan López Sánchez, Federica
Montseny y Juan Peiró, miembros destacados de la CNT. Durante este mes, la
Columna de Hierro decide tomar brevemente Valencia, en protesta por la escasez
de aprovisionamientos que le proporciona el Comité Ejecutivo Popular, en manos
de los posibilistas, produciéndose posteriormente enfrentamientos por las
calles de la ciudad entre milicias libertarias y grupos comunistas, con un
saldo de más de 30 muertos.
El día 14 de noviembre, la Columna Durruti llega a Madrid,
después de ceder ante la presión de los posibilistas, que exigen la
colaboración con el Estado. El 20 de noviembre muere en extrañas circunstancias
Buenaventura Durruti combatiendo en la batalla de Madrid, a donde había llegado
con más de mil milicianos desde el Frente de Aragón.
El 17 de diciembre el diario soviético Pravda de Moscú
publica un editorial donde se lee: «Ya ha comenzado en Cataluña la depuración
de trotskistas y anarcosindicalistas; se ha llevado a cabo con la misma energía
que en la Unión Soviética». La liquidación realizada por los comunistas
fieles a Stalin de numerosos antifascistas y de colectivizaciones y otras
estructuras surgidas espontáneamente desde abajo en consonancia con la
Revolución que no se sometiesen a las directrices de Moscú ya había empezado.
Por su lado, otra de las estructuras radicales, el Comité de
Guerra de Gijón es trasformado por decreto del 23 de diciembre en el Consejo
Interprovincial de Asturias y León, regulado por las autoridades
gubernamentales de la Repúbica y más moderado en sus políticas, al tiempo que
reconoce oficialmente la formación del Comité de Defensa Nacional. El 8 de
enero de 1937 se disuelve el Comité Ejecutivo Popular de Valencia.
Durante esta etapa el Gobierno pasa a controlar
definitivamente las milicias populares anarquistas, disolviéndolas para que se
integren obligatoriamente en el Ejército Popular, estructurado y jerarquizado
bajo mando de oficiales profesionales. La revolución no sobrevivirá como poder
independiente tras el segundo gobierno de Largo Caballero.
El fin de la revolución (enero de 1937-mayo de 1937)
El 27 de febrero de 1937, el gobierno prohíbe el periódico
de la FAI, Nosotros (iniciando así el período durante el que la mayor parte de
las publicaciones críticas con el gobierno pasan a sufrir censura), al día
siguiente prohíbe a los policías pertenecer a partidos políticos o sindicatos,
medida adoptada por el gobierno autonómico catalán el 2 de marzo. El 12 del
mismo mes, la Generalidad aprueba una orden exigiendo la entrega de todas las
armas largas y materias explosivas a los grupos que no estén militarizados.
Empiezan más enfrentamientos entre los sectores del FPA, y el día 27 se produce
la dimisión de los consejeros anarquistas del gobierno autónomo catalán.
Durante el mes de marzo se completará la militarización de las milicias,
transvasadas a un Ejército regular y sujetas a los regímenes de disciplina y
jerarquía de éste, contra lo que se alzarán muchas voces del anarquismo.
El 17 de abril, al día siguiente de que los ministros de la
CNT volvieran a la Generalidad, una fuerza de carabineros en Puigcerdá pide a
las patrullas obreras de la CNT que les entreguen el control de las aduanas de
la frontera con Francia; en simultáneo la Guardia Civil y de Asalto es enviada
a Figueras y otras localidades por toda la provincia de Gerona a quitarles a
las organizaciones obreras el control de la policía, disolviendo el Consejo de
la Cerdaña, uno de los más autónomos. Simultáneamente, en Barcelona, la Guardia
de Asalto procede a desarmar a los obreros a la vista del público, en las
calles.
Durante el mes de mayo se agudizan los enfrentamientos entre
los partidarios de la revolución y los contrarios a ella. El 13 de ese mes de
1937, tras los sucesos de las Jornadas de Mayo de Barcelona, los dos ministros
comunistas, Jesús Hernández y Vicente Uribe, proponen al Gobierno que se
castigue a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y el Partido Obrero de
Unificación Marxista (POUM), iniciándose en la práctica la represión contra
este último partido. El 16 de mayo dimite Largo Caballero, a lo que sigue la
formación del gobierno del socialista Juan Negrín (aparentemente un hombre de
Prieto) pero sin apoyo de anarquistas ni de revolucionarios. La FAI es
declarada ilegal.
Sucesos posteriores relacionados
El día 25 queda excluida la FAI de los Tribunales Populares.
El 8 de junio de 1937, el gobierno (trasladado a Valencia), lanza un decreto
por el que ilegalizaba temporalmente las colectividades rurales que aún no
habían sido disueltas. El 14 de junio, se forma un nuevo gobierno de la
Generalidad, también sin los anarquistas y los revolucionarios. El 15 es
ilegalizado el POUM y su comité ejecutivo es detenido. El 16 se disuelve la
29.ª División (Ex División Lenin, del POUM).
En agosto, se prohíbe por medio de una circular del gobierno
las críticas a la URSS. En este mes también el gobierno central
dispone la disolución del Consejo de Defensa de Aragón, prácticamente el último
órgano de poder revolucionario que quedaba, el cual es ocupado militarmente por
tropas del Ejército republicano el día 10. Joaquín Ascaso, su presidente, es
detenido. Asimismo, la undécima división comunista arremete contra diversos
comités del pueblo aragoneses y disuelve la producción agrícola colectiva, que
poco después se reorganiza en muchos casos. El día 7, el gobierno reautoriza el
culto religioso en privado, una de sus muchas medidas intentando restablecer el
poder del Gobierno en la zona republicana, al tiempo que en Barcelona se
producen manifestaciones contra la suspensión de la publicación
anarcosindicalista Solidaridad Obrera, disueltas con gran violencia. El día 16
se prohíben en Barcelona los mítines políticos. El 26 del mismo mes, el Consejo
asturiano se proclama Consejo Soberano de Asturias y León, ente soberano e
independiente de la República.
El 21 de octubre, se produce una manifestación de la CNT y
de los militantes socialistas ante la prisión de San Miguel de los Reyes de
Valencia, amenazando con echar las puertas abajo si no se liberaba a los
presos. El 12 de noviembre, la CNT se retira de los comités del FPA.
El 6 de enero de 1938, el Gobierno publica un decreto por el
que se prohíbe toda nueva emisión de billetes y monedas de comités,
ayuntamientos, corporaciones, etc. y se da un plazo de un mes para que sean
retirados de la circulación, intentando acabar con los últimos restos de la
Revolución. Durante ese año regresan muchos de los grandes terratenientes y
exigen la devolución de sus bienes. La colectivización es anulada
progresivamente pese a la gran oposición popular que suponía.
Fuente:
-https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_social_espa%C3%B1ola_de_1936
