Sucesos de Casas Viejas
¿Qué fue?
Los sucesos de Casas Viejas es el nombre con el que han
pasado a la historia los episodios que tuvieron lugar entre el 10 y el 12 de
enero de 1933 en la pequeña localidad de Casas Viejas, en la provincia de
Cádiz, y que constituyen uno de los hechos más trágicos de la Segunda República
Española. Abrió una enorme crisis política en el primer bienio de la República
y fue el inicio de la pérdida de apoyos políticos y sociales que conduciría
meses después a la caída del gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña.
Antecedentes: la insurrección anarquista de enero de 1933
En un Pleno de Regionales de la CNT, celebrado el 1 de
diciembre de 1932 en Madrid, el sindicato de ferroviarios solicitó el apoyo
para declarar una huelga general en la que se reclamarían aumentos salariales.
Al final, los ferroviarios se echaron atrás porque más de la mitad de sus
secciones sindicales pensaban que la huelga resultaría un fracaso, pero el
Comité de Defensa Regional de Cataluña retomó la idea a propuesta de Joan
García Oliver, dispuesto a poner en práctica la “gimnasia revolucionaria”, que
consistiría en una “acción insurreccional” que impidiera la consolidación de la
“República Burguesa”. La fecha elegida fue el 8 de enero de 1933.
La insurrección no tuvo un seguimiento muy amplio. El
Ejército y la Guardia Civil tomaron posiciones estratégicas en los lugares
donde se preveían desórdenes y los dirigentes sindicales fueron detenidos. En
algunas barriadas de Barcelona hubo choques entre anarquistas y fuerzas de
orden público. Hubo huelgas, incidentes con explosivos y proclamaciones del
comunismo libertario en algunas poblaciones de Aragón, como Robres y Bellver de
Cinca, y la Región de Valencia, como Bugarra, Ribarroja, Bétera,Xeresa(en la
que murieron 4 personas),Benaguacil, Utiel y Pedralba.2 En esta última
localidad murieron un guardia civil y un guardia de asalto durante la
insurrección; cuando la Guardia Civil restableció el orden, causó la muerte de
diez paisanos.
El Comité Nacional de CNT, que no había convocado la huelga,
declaró el 10 de enero que la insurrección había sido “de pura significancia
anarquista sin que para nada haya intervenido en ellos el organismo federal”,
aunque no la condenaban, como tampoco lo hacía el órgano confederal Solidaridad
Obrera, para cumplir “con un deber de solidaridad y de conciencia”. Pero no era
esa su revolución que se hará “con garantías”, “a la luz del día”.
El diario oficial de la CNT en Madrid, que el día 9 de enero
había escrito en su editorial “esa no es nuestra revolución”, dos días después
afirmaba “Ni vencidos ni humillados” y responsabilizaba de la insurrección a
“la política represiva... sectaria de los socialistas que detentan el poder y
usan de él contra los intereses de los trabajadores”. Las revueltas “existen y
aumentarán por razones de injusticia bien patentes”. Por eso, “vencida una
insurrección surge otra, resuelta una huelga, otra se produce; apaciguado un
motín, estalla otro mayor”.
Mucho tiempo después, en “El eco de los pasos” (1978), Juan
García Oliver exageró el alcance de la insurrección anarquista de enero de
1933, de la que se consideraba máximo instigador, al calificarla como “una de
las batallas más serias entre los libertarios y el Estado español… que
determinó que los partidos republicanos y el Partido Socialista perdieran su
influencia sobre la mayoría de los españoles”.
Las consecuencias
Conocidos los hechos en el resto de España, se produjo un
gran escándalo periodístico y parlamentario que conmocionó a la sociedad
española. Los sucesos de Casas Viejas se convirtieron en un grave problema
político para el gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña, que tuvo que aguantar
el acoso tanto desde la izquierda como desde la derecha, que en las Cortes
presentaron diversas interpelaciones (Diego Martínez Barrio, del Partido
Republicano Radical, denominó al gobierno de Azaña de “barro, sangre y
lágrimas”).
Por 170 votos a favor y 130 en contra, las Cortes aprobaron
la creación de una Comisión de investigación sobre los sucesos el 24 de
febrero, formada por Emeterio Sobrino, Mariano Ruiz Funes, Gabriel Franco, Poza
Juncal, Fernando González Uña, Luis Jiménez de Asúa, Miguel García
Bravo-Ferrer, Lara, Botella y Casanueva. El 15 de marzo, la Comisión elaboró un
informe definitivo en el que reconoce la existencia de los fusilamientos pero
exculpa al Gobierno. "Acusado de complicidad en una represión desmedida
-circuló la falsa noticia de una orden de Azaña a los guardias: ni heridos, ni
prisioneros, tiros a la barriga- el Gabinete pudo superar la investigación
parlamentaria y dos mociones de confianza en las Cortes, pero ello no impidió
que se viera salpicado por un escándalo que, a medio plazo, le sería
enormemente perjudicial".
El director general de Seguridad, comandante Arturo
Menéndez, fue destituido, ocupando dicha dirección Manuel Andrés Casaus (que
murió en San Sebastián en 1934, víctima de un atentado). Arturo Menéndez fue
detenido en la noche del 19 de julio de 1936 por los militares sublevados en el
tren Barcelona-Madrid, estación de Calatayud. Fue trasladado a Pamplona y
fusilado.
La CNT lanzó una campaña contra la “política dictatorial y
los políticos facciosos”, en la que exigía la liberación de presos, la apertura
de sindicatos, la libertad de reunión y la libertad de prensa, así como la
derogación de las leyes “antiobreras” del 8 de abril de 1932, de Defensa de la
República y los Jurados Mixtos. El periódico de la CNT describió los hechos
como "una razzia de mercenarios de la Legión en un aduar rifeño". La
movilización culminó con la convocatoria de una huelga general los días 9 y 10
de mayo de 1933, “advertencia expresiva para los gobernantes que rivalizan en
despotismo con las dictaduras fascistas”.
El capitán Rojas fue juzgado en mayo de 1934 en Cádiz y
condenado a 21 años de reclusión por 14 homicidios. En julio de 1934, 26 campesinos
de Casas Viejas fueron juzgados por los delitos de posesión de armas de guerra
y ejecución de actos contra las fuerzas armadas. Diez fueron absueltos y, de
los restantes, uno condenado a 6 años de prisión, cuatro a 5 años, dos a 3
años, seis a 2 años y tres a 1 año.
La “leyenda negra” de la República
Las primeras dudas sobre la versión oficial (que todas las
muertes se habían producido en el asalto a la casa de “Seisdedos”) aparecieron
en una crónica del escritor Ramón J. Sender y el periodista Eduardo de Guzmán
que habían ido a Casas Viejas y que fue publicada por el periódico La Tierra.
Al año siguiente, Ramón J. Sender publicó un libro con el título “Viaje a la
aldea del crimen”, en el que reconstruyó los hechos a partir de las declaraciones
hechas por los campesinos a los investigadores parlamentarios.
El intento de exculpación del capitán Rojas, apoyado por el
capitán Bartolomé Barba Hernández, de que había actuado siguiendo órdenes
directas de Manuel Azaña que le habría dicho “Ni heridos ni prisioneros. Los
tiros, a la barriga”, una acusación que tanto la investigación parlamentaria
como la judicial consideraron absolutamente falsa, fue utilizada por los medios
y los partidos de derecha para desgastar al gobierno y desprestigiar a la
República, convirtiéndose en un elemento clave de la “leyenda negra” que fueron
inventando sobre ella y que los vencedores en la guerra civil española no se
cansarán de repetir.
La acusación la lanzó el capitán Rojas cuando los
periodistas descubrieron que había mandado fusilar a los prisioneros. El
capitán Rojas alegó que en una entrevista que había mantenido a solas con el
director general de Seguridad, Arturo Menéndez, éste le dijo que no hiciera
prisioneros. También alegó que cuando estaba en la cárcel recibió la visita de
un ayudante de Azaña, el coronel Hernández Saravia, que le ofreció un millón de
pesetas si se callaba. Tampoco había testigos que pudieran corroborarlo. En los
careos que mantuvieron tanto Menéndez como Hernández Saravia con Rojas, estos
negaron las acusaciones, y Menéndez afirmó que cualquier oficial de policía
tenía derecho a pedir una copia por escrito de las órdenes si consideraba que
éstas infringían la ley. Rojas no dio ninguna explicación sobre este punto.
El capitán Barba Hernández aseguró en el juicio que uno de
los ayudantes de Azaña le había dicho, de nuevo sin que hubiera ningún testigo,
la frase “los tiros a la barriga”. Para el tribunal quedó claro que Rojas y
Barba mentían para apoyarse el uno al otro. Lo mismo concluyó el informe final
de las Cortes diciendo que “no hay pruebas que permitan la insinuación de que
la policía actuó en la represión de acuerdo con órdenes dadas por los miembros
del Gobierno”.
El capitán Rojas fue liberado de la prisión tras la
sublevación militar de julio de 1936, fue admitido en el ejército rebelde con
el grado de capitán de artillería y participó en la represión en Granada.
El capitán Bartolomé Barba tampoco fue creído por el
tribunal que revisó el proceso a Rojas en 1935 y que confirmó la sentencia. El
capitán Barba había sido delegado gubernativo en la Dictadura de Primo de
Rivera y en 1936 fue uno de los fundadores de la organización derechista UME
(Unión Militar Española), que participó en la sublevación militar de julio de
1936. Fue uno de los oficiales que dirigió la represión en Zaragoza durante las
primeras semanas de la guerra civil. Durante el Dictadura del general Franco
ocupó el cargo de gobernador civil.
El general Cabanellas, director general de la Guardia Civil
durante los sucesos de Casas Viejas, mantuvo en el juicio una actitud ambigua
que ponía en cuestión la actuación del gobierno. Fue uno de los generales
implicados en el golpe de estado militar de julio de 1936 y presidió la Junta
de Defensa Nacional que se hizo cargo inicialmente del poder en la zona
sublevada.
El sumario del segundo juicio de junio de 1935, en el que
Azaña llegó a tener un careo con Bartolomé Barba, desapareció de los archivos
de la Audiencia. En 2008, el periodista e investigador Tano Ramos consiguió
localizar una copia en casa de una hija del abogado López Gálvez, encargado de
la acusación particular contra Rojas. En esa documentación, que recoge todas
las declaraciones de los testigos ante el juez, más allá de la transcripción de
lo sucedido en los juicios, Azaña advertía que las órdenes eran las mismas para
todo el territorio nacional, y que solo Rojas había actuado de esa manera, a
pesar de que la revuelta tuvo otros focos.
Fuente:
-https://es.wikipedia.org/wiki/Sucesos_de_Casas_Viejas
0 comentarios: